La cúpula del Ejército del Aire ficha por empresas de armas que recibieron 700 millones en contratos de Defensa

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De la cúpula del Ministerio de Defensa a trabajar una empresa de armas: un camino profesional que se repite con bastante frecuencia en el ejército español. La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, autorizó a tres generales de la cúpula del Ejército del Aire a trabajar para empresas de armas entre diciembre de 2017 y enero de este año, según datos publicados en el Portal de Transparencia.

Javier García Arnaiz, ex Jefe del Estado Mayor (JEMA) del Ejército del Aire, fue autorizado a trabajar para la compañía Global Training Aviation, Eduardo Gil Rosella, ex segundo del JEMA, recibió el permiso para incorporarse al Grupo Oesía y Eugenio Ferrer Pérez, Jefe del Mando Aéreo de Combate, para realizar actividades privadas con la tecnológica Indra.

Fuentes de las empresas afectadas han confirmado a eldiario.es que los tres ex generales del Ministerio de Defensa se han incorporado como asesores externos o consejeros dentro de las compañías.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece que estos últimos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante los dos años siguiente a su cese como responsable público.

La Oficina de Conflicto de Intereses no halló incompatibilidad en ninguno de los tres casos por trabajar para una empresa dedicada a la producción de armamento o la industria de defensa justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio.

Dos de esas tres compañías (Indra y Grupo Oesía) recibieron, al menos, 695 millones de euros en 463 adjudicaciones del Ministerio de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron sus funciones como altos cargos del Ministerio, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recopilados por eldiario.es.

Global Training Aviation, con sede en Madrid y especializada en la formación de pilotos de aviación, no ha recibido contratos públicos del Gobierno durante ese periodo. No obstante, la compañía está participada en un 35% por la tecnológica Indra, habitual contratista del Ministerio de Defensa.

De los 695 millones de euros, 640 fueron adjudicados por el procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad. Esta fórmula permite al Gobierno realizar adjudicaciones sin concurso público y negociando directamente con las empresas.

Una regla más que habitual en los contratos del Ministerio, s egún desveló una investigación del proyecto Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio. El 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de esa regla.

Indra y Defensa, un negocio opaco de 750 millones

Eugenio Ferrer, ex jefe del Mando Aéreo de Combate, recibió el 4 de diciembre el permiso para trabajar para la multinacional Indra. Fuentes de la compañía han confirmado a eldiario.es que Eugenio Ferrer colabora como “asesor externo” y su incorporación se debe a su “alto conocimiento y experiencia en aspectos técnicos, tecnológicos y de mercado”.

Indra, con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros, es la principal empresa tecnológica española. Desde 1999 forma parte del Ibex35 y lleva “más de 30 años desarrollando soluciones tecnológica en el sector de la defensa”, según explica su página web.

Es, además, uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa. Entre 2012 y 2017 recibió 750 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio, incluyendo las uniones temporales de empresa en las que ha formado parte. En el periodo en el que Ferrer fue alto cargo en Defensa, Indra percibió 680 millones de euros.

El mes dorado para la tecnológica llegó en diciembre de 2015, cuando sumó adjudicaciones por más de 300 millones. Entre ellos, el contrato para desarrollar los sensores y el sistema de combate de la fragata F-110 de la Armada, otro por un centro de simulación para los helicópteros NH-90 y se adjudicó los programas tecnológicos de los vehículos blindados VCR 8×8.

Este jugoso negocio de Indra con el Ejército español se tramitó en las más oscura opacidad. El 73% de los contratos adjudicados a la tecnológica española desde 2012 se hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. Con esta regla, el Ministerio se evita sacar a concurso las adjudicaciones y negocia directamente con las empresas.

Oesía, la tecnología detrás de un misil

Gil Rosella, ex segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, se incorporará como consejero dentro del Comité de Estrategia del Grupo Oesía, según han confirmado fuentes de la compañía. Apenas un mes después de su cese como alto cargo, recibió el permiso del Gobierno para asesorar al grupo empresarial. La Oficina de Conflicto de Intereses no halló incompatibilidad en su incorporación.

Oesía, a través de su filial especializada en ingeniería aplicada a seguridad y defensa Tecnobit, es contratista regular del Ministerio de Defensa. Entre 2012 y 2017, la compañía percibió casi 32 millones en adjudicaciones, de los cuales 23,7 millones fueron adjudicados durante el periodo en el que Gil Rosella desempeñó puestos de alta responsabilidad en el Ministerio.

El contrato más jugoso se lo adjudicó junto con Indra para desarrollar los sensores infrarrojos de los misiles de la fragata F-110. El Ministerio de Defensa adjudicó este desarrollo tecnológico a la unión empresarial por 9,7 millones sin concurso ni publicidad.

Fuentes del Grupo Oesía aseguran a eldiario.es que la compañía opera en el mercado con “total transparencia” y defiende que la empresa cuenta con una “trayectoria de 40 años en el mercado y es ampliamente reconocida dentro y fuera de nuestas fronteras”.

El 86% de las adjudicaciones del Ministerio al grupo Oesía se hicieron a través del procedimiento negociado: la regla más opaca posible.

La Oficina que nunca ve conflicto de intereses

Esta, además, no es la primera vez que la Oficina de Conflicto de Intereses autoriza a militares y altos cargos del Ministerio de Defensa a trabajar para empresas de armas. Tal y como publicó eldiario.es, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a siete ex altos responsables de Defensa a trabajar para compañías como Airbus, Santa Bárbara, Indra o Explosivos Alaveses entre 2007 y 2015.

Aunque la ley establece que los altos cargos “no podrán prestar servicios” en empresas “afectadas por decisiones en las que hayan participado”, la Oficina permitió que se incorporaran a contratistas habituales de la cartera ministerial.

La Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos que han cesado de sus responsabilidades. En diez años, apenas ha vetado el paso al sector privado en ocho ocasiones, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.

Tal y como adelantó eldiario.es, la Oficina de Conflicto de Intereses solo ha vetado el 2% de las resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar “actividades privadas” tras su cese.

 

Fuente: www.eldiario.es

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