¿Sabes por qué España es el paraíso de los OKUPAS? ¡¡COMPARTE!!

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La ocupación ilegal de viviendas, más conocida coloquialmente como “movimiento okupa”, surgió a finales de los 70 en países como Holanda, Inglaterra y Alemania a partir de la filosofía hippie. Este fenómeno aterrizó en España a mitad de los 70, como protesta contra el sistema y con una débil solución jurídica por parte de la legislación española, a pesar de que atenta contra el derecho de la propiedad reconocido por nuestra Carta Magna.

La indefensión de este fenómenos que sufren muchos propietarios en España es consecuencia directa del Código Penal de 1995, que dictó como delito de usurpación de bienes inmuebles, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular, castigado con penas de 3 a 6 meses de cárcel.

Entonces ¿Cuál es el problema para iniciar un procedimiento penal por el delito de usurpación?

El problema surgen en la interpretación de la ocupación, ya que esta ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y el Juez ha de apreciar indicios de delito. Por lo cual, no todas las ocupaciones de inmuebles que no son morada dan lugar al delito. Solo se pueden penar las perturbaciones más graves: como intentar ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. Además, el proceso penal es largo y tedioso y no asegura una resolución para el propietario.

Desde el punto de vista civil, no existe proceso específico alguno para estas situaciones. Los tribunales han acogido el procedimiento de desahucio por precario, que requiere abogado y procurador de los tribunales y cuya duración puede oscilar entre 9 y 18 meses mas o menos.

Lo que está pasando en España no sucede en ningún otro país de Europa (a excepción de Portugal). Es necesario una solución político-legislativa que impulse una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Así es como solucionan el problema de los okupas en el resto de países europeos:

  • Inglaterra: Ocupar ilegalmente una vivienda se considera un delito penal en Inglaterra. Es castigado con multas de hasta 6 meses de cárcel. Los propietarios pueden denunciar una ocupación ilegal directamente a la policía, que verificará la denuncia y podrá arrestar a los okupas.

 

  • Holanda: El propietario de un inmueble puede denunciar ante la policía una ocupación ilegal de un inmueble de su propiedad. Ésta puede personarse con una autorización judicial y desalojarlo.

 

  • Francia: No se considera delito penal, pero la policía puede desalojar a los okupas durante las primeras 48 horas desde el momento que tiene conocimiento de la ocupación. Después, los okupas tienen que probar que el inmueble reúne condiciones mínimas de habitabilidad y, a partir de este momento, los propietarios pueden denunciar a los ocupantes en sede judicial para recuperar la posesión legal.

 

  • Dinamarca: Existen multas para las casas desocupadas. En los demás supuestos, será suficiente con acudir a la policía y demostrar que quien reclama es el legítimo propietario.

 

  • Alemania: Si existen viviendas vacías los propietarios pueden ser obligados a rehabilitarlos. Si no solventan el problema, pueden ser sancionados con multas o expropiación temporal. Sin embargo, las casas ocupadas deben de ser desalojadas en un plazo de 24 horas después de conocerse su ocupación ilegal si el propietario presenta una denuncia y, en caso de que sea necesario, se obliga a iniciar las obras de remodelación.

 

  • Italia: El propietario podrá denunciar ante la policía la ocupación. El juzgado, mediante un juicio rápido, dará orden a la policía para que proceda al desalojo de los ocupas quienes, además, deberán abonar los daños producidos en la vivienda. En Italia existe asimismo el delito de defraudación del fluido eléctrico, cuya multa varía entre los 3 y 12 meses si la cuantía supera los 400 €.

 

En comparación con otros países europeos, el problema de la ocupación ilegal en España es cada vez más grave y de mayor intensidad. Es necesario que se resuelva con una modificación de nuestra legislación actual. Será la única forma de abordar y consensuar el derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda.

Fuente: www.cincodias.elpais.com

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