La Policía Nacional cumple la orden del TSJC y ya vigila el Palau de Justícia

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La Policía Nacional ya cumple con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de vigilar la sede del tribunal junto con los Mossos d’Esquadra, en previsión de “extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento” y ante la posibilidad de que el Parlament decida ejecutar las leyes de ruptura y suprimir el TSJC y la figura de su presidente.

Unas ocho furgonetas de la Policía Nacional han estacionado ante la fachada posterior del edificio (calle Roger de Flor), mientras en una de las puertas laterales (calle Almogàvers) continuaban aparcados varios vehículos de los Mossos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús M. Barrientos, considera que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional. Por tanto, de acuerdo con esta decisión, la vigilancia del Palacio de Justicia (sede del Tribunal de Justicia) es compartida por ambos cuerpos policiales bajo el mandato de la Policía Nacional.

La decisión obedece a la previsión de “extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento ante la posibilidad de que el Parlament de Catalunya decida, a pesar de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, ejecutar lo dispuesto en la Ley 19/2017 de 6 de septiembre, en cuyo artículo 4.4 se dispone la supresión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la figura de su presidente”.

Como ya informó este periodico, los jueces y fiscales destinados en Cataluña y habituados a trabajar con los Mossos d’Esquadra creen que desde el 1-O ha aumentado la «desconfianza» hacia este cuerpo, al considerar que buena parte de estos policías se pusieron «de perfil» ante la convocatoria ilegal.

Diferencian entre los agentes -que consideran que están divididos por las órdenes que recibieron el día de la votación- y los mandos, pero la conclusión es clara. “Algo se ha roto”, explica un miembro del Ministerio Público, que asegura que la fractura es profunda y que ahora se podría cuestionar si la policía autonómica es capaz de investigar a la administración catalana en algunos asuntos delicados, como los casos de corrupción política. Fuentes de la judicatura son de la misma opinión y consideran que “el daño causado al cuerpo de los Mossos d’Esquadra costará repararlo”.

Presunta ‘inactividad’

El mismo día del referéndum, ocho juzgados catalanes abrieron diligencias contra los Mossos d’Esquadra por una presunta “inactividad” durante la jornada electoral, ya que pese a constatarse que fueron a los colegios, tal y como sus superiores les ordenaron, ni los cerraron todos ni quitaron las urnas ni el material electoral como pedía la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Dos de estos juzgados de instrucción, el número 2 de la Seu d’Urgell y el número 4 de Lleida, abrieron las diligencias de oficio, según fuentes judiciales, por una presunta desobediencia a las medidas acordadas por el TSJC y pidieron un informe a la policía autonómica.

El juzgado de la Seu d’Urgell informó de que la votación se había permitido al menos, en siete emplazamientos. El resto de juzgados de instrucción -como el 7 de Barcelona, el 3 de El Vendrell, el 7 de Cerdanyola, el 1 de Santa Coloma de Gramenet, el 4 de El Prat y el número 4 de Mataró- abrieron una investigación tras recibir una veintena de denuncias de particulares contra los agentes por permitir votar en puntos designados, ya fuesen ambulatorios, colegios o otros edificios públicos y privados. También reclamaron información a los Mossos sobre su actuación.

‘Lealtad absoluta’

Los Mossos d’Esquadra acatarán la orden del TSJC pese a no compartir ni sus motivos ni su necesidad porque siempre han demostrado su “lealtad absoluta” a los estamentos judiciales.

Según han informado fuentes de la policía catalana, obedecerán este mandato del alto tribunal catalán, aunque no comparten ni los motivos ni la necesidad porque siempre han dado muestras de “lealtad absoluta” hacia los estamentos judiciales y su compromiso es seguir haciéndolo.

Fuente: www.elmundo.es

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