Independencia de Cataluña: El TSJ catalán abre causa contra Colau y trapero por posible desobediencia el 1-O

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El alto tribunal catalán admite la querella interpuesta por cinco sindicatos de la Policía Nacional por no impedir el referéndum

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una causa penal tras la querella presentada por cinco sindicatos policiales contra -entre otros- la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ya ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero al entender que indiciariamente cometieron delitos de desobediencia a mandato judicial y denegación de auxilio judicial el 1-O por no realizar las actuaciones oportunas para lograr la desconvocatoria de la consulta ilegal.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y el anterior mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, bajo el foco judicial por el 1-O.

En una diligencia de ordenación fechada el pasado 19 de octubre, a la que ha tenido acceso El Independiente, la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC acuerda incoar el procedimiento y designa como ponente al magistrado José Francisco Valls Gombau. Las actuaciones alcanzan también a Carles Puigdemont (ex presidente de la Generalitat); Oriol Junqueras (ex vicepresidente); la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los presidentes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional que instruye una causa por sedición.

Cinco sindicatos

Los sindicatos denunciantes solicitaron al TSJC personarse en la causa como acusación popular. Son el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical Policial (ASP).

En esta línea, además, pidieron en su escrito que el alto tribunal llamase como investigados a los entonces presidente, Carles Puigdemont, y vicepresidente, Oriol Junqueras; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; a Colau; a Trapero, y a los Jordis, los presidentes de ANC y Òminum encarcelados en Soto del Real por supuesto delito de sedición el 20 de septiembre.

Los denunciantes sostienen que los querellados no sólo no desconvocaron el referéndum “ni realizaron las actuaciones oportunas para lograr la desconvocatoria” de la consulta ilegal, sino que en la jornada anterior animaron “a un indeterminado número de personas a acudir a los puntos de votación” para que la Generalitat cumpliera su objetivo de celebración del referéndum.

Los sindicatos consideran que la Policía de la Generalitat hizo una “gravísima dejación de funciones” el 1 de octubre a pesar de la orden expresa que tenía del TSJC de impedir la apertura de los colegios electorales a fin de evitar que pudiera llevase a cabo la votación, de lo que hace responsable penal al entonces máximo responsable operativo del Cuerpo.

“Es meridianamente claro que una actuación eficaz de los Mossos en los días y horas previos a la apertura de los centros de votación, sellando los puntos electorales e impidiendo la entrada del personal que pretendía la celebración del referéndum ilegal, hubiera consecuenciado lo ordenado por esta Sala y minimizada la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil”, razona la querella, que califica de “ineficaz” la actuación de las fuerzas y seguridad del Estado como consecuencia de su “tardía incorporación” al cierre de los colegios electorales.

Los denunciantes argumentan no solo la inacción de todos ellos para el desarme del referéndum, a pesar de la orden del TSJC, sino que animaron “a un indeterminado número de personas” a acudir a las urnas. Ello, entre otros males, ha derivado en un doble daño para la Policía Nacional: tanto a nivel corporativo como individual, por los agentes agredidos

Entre las diligencias de instrucción propuestas al TSJC, los sindicatos de la Policía piden que se cite en calidad de investigados a los querellados y como testigos a los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil responsables del operativo de seguridad desplegado el 1-O para que informen sobre las órdenes recibidas, la operación desarrollada y la actuación “realmente desarrollada” por los Mossos d’Esquadra.

También pide a la magistrada del alto tribunal catalán que instruye la causa que requiera un informe a la Dirección General de Policía sobre los incidentes producidos aquella jornada -incluyendo los vídeos que ha recopilado- y que valore la posibilidad de solicitar a la veintena de juzgados catalanes que han abierto diligencias previas por la inacción de la Policía de la Generalitat que se inhiban para que sea ella la que investigue la “desobediencia deliberada y residencia activa y pasiva de los organizadores del referéndum y de los funcionarios de Mossos”.

Fuente: www.elindependiente.com

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