Dimiten los jefes del principal centro de energías renovables por las trabas del gobierno

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La Plataforma Solar de Almería puede perder al 30% de sus investigadores por las restricciones de Hacienda

La Plataforma Solar de Almería (PSA) es el mayor centro de investigación de energía solar de concentración en Europa. De sus instalaciones en el desierto de Tabernas ha salido parte de la tecnología que utilizan las grandes centrales que están en funcionamiento o en construcción en muchos países, desde EE UU y China al norte de África. Los investigadores de la Unión Europea prueban aquí nuevas tecnologías destinadas a que este tipo de energía renovable sea cada vez más eficiente y competitiva y contribuya a jubilar, en un futuro, a los combustibles fósiles que exacerban el cambio climático.

La plataforma, que depende del Ministerio de Economía, vive una situación surrealista, algo cada vez más común en los centros de científicos de élite. Su presupuesto ronda los seis millones de euros, aunque sus ingresos llegan a los 15 millones de euros cuando se suma la financiación que llega desde la UE para desarrollar proyectos de investigación. Desde hace año y medio, los investigadores del centro no pueden utilizar parte de ese dinero que llega de Bruselas debido a las restricciones al gasto impuestas por el Gobierno para contener el déficit. Los grupos de investigación de la PSA han dejado de percibir cientos de miles de euros que han quedado congelados en un “fondo de maniobra” que no pueden tocar. Si esta situación continúa, 12 investigadores se irán a la calle el 31 de diciembre y no se podrá contratar a otros cinco, entre ellos dos investigadores jóvenes que han ganado un contrato Marie Curie, financiado por la Comisión Europea, explica Sixto Malato, director de la PSA. “Tenemos una plantilla de 50 investigadores, con lo que estamos hablando de perder al 30%”, resalta Malato. El científico acaba de dimitir como director ante la grave situación que vive la PSA, que es parte de la red de instalaciones científicas estratégicas de la UE. Eduardo Zarza, responsable de la unidad de Sistemas Solares de Concentración, la mayor de las tres que tiene la PSA, con 32 personas a su cargo, también ha presentado su dimisión.

La normativa que lastra a este centro es una orden del Ministerio de Hacienda aprobada en julio de 2016. La norma establece los plazos para realizar gastos y cerrar el ejercicio anual, en principio los mismos para todos los organismos de la Administración General del Estado, aunque las universidades y grandes centros de investigación como el CSIC están exentos de cumplirla, en parte para poder seguir con su actividad científica. Muchos de los fondos de la UE son plurianuales y no computan en ningún caso como déficit para las arcas españolas. Pero a ojos de esta ley, la PSA es un organismo más de la administración del Estado y los fondos que recibe de la UE también están sujetos a las normas.

“No tenemos la capacidad para seguir con la marcha de este centro, es una instalación que está en el top mundial y se está hundiendo por desidia”, asegura Zarza. El investigador explica que las restricciones de Hacienda afectan a dos proyectos europeos de su unidad. “La normativa establece que toda la financiación que llega antes de septiembre debe estar gastada a finales de diciembre de ese año, pero cuando la UE te concede un proyecto aporta un primer pago a gastar en varios años. Esto nos ha impedido acceder a 600.000 euros de dos proyectos europeos. El dinero no desaparece, sino que queda inmovilizado en un fondo de maniobra que no podemos tocar a no ser que el Consejo de Ministros nos conceda una gracia, que tarda unos cinco meses en llegar”.

Uno de los casos más sangrantes es Nextower, un proyecto financiado por la UE con cinco millones de euros y en el que participan España, Suecia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Francia, Suiza, Béligica y Turquía y que se expone a un retraso de un año por este problema.

Ante esta situación, algunos científicos recurren a “chanchullos” para evitar que Hacienda les bloquee el dinero que reciben de Europa. “Cuando nos conceden un proyecto nuevo, les pedimos a los coordinadores de otros países que no nos transfieran todo el dinero, sino que nos lo manden poco a poco, pero todo depende de su buena voluntad. Entramos en un chanchullo que muchas entidades serias de otros países no aceptan, porque la normativa dice que tienen que transferir el dinero en un máximo de 40 días”, asegura Zarza, que compara hacer ciencia en la PSA con intentar ganar una carrera de natación llevando encima un kimono en vez de un bañador. “El próximo año, nos planteamos renunciar a los proyectos europeos”, asegura.

Las trabas legales también han impedido pagar la contribución española como miembro de la Sociedad Internacional de Energía Solar, que asciende a 300 euros. “Para hacerlo necesitas el informe previo del Ministerio de Exteriores y el de Hacienda, que no han sido concedidos, con lo que el año pasado y este no hemos pagado”, dice Zarza. Lo mismo ha sucedido con los dos últimos años de la cuota de 10.000 euros para SolarPaces, una organización dependiente de la Agencia Internacional de la Energía.

Desde la secretaría de Estado de I+D+i en el Ministerio de Economía señalan que todos los Organismos Públicos de Investigación están sujetos a la misma normativa que afecta a la PSA, excepto el CSIC por ser una agencia estatal. “Estamos trabajando con Hacienda para intentar resolver el problema cuanto antes”. “Sabemos que cuatro contratos vencen a finales de diciembre cuya renovación ya se está tramitando y la de los otros siete se intentará tramitar en el primer semestre de 2018, la intención es mantenerlos a todos”, asegura un portavoz.

Los jefes de la PSA piden al Gobierno que excluya a esta instalación de la normativa de Hacienda, ya que su actividad científica es muy diferente a la del resto de la administración. Es la única instalación científica estratégica (ICTS) en España que sufre este problema, aseguran. “Solo queremos un poco de sensatez, estamos ahogados por la ley”, confiesa Zarza.

 

Fuente: elpais.com

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