ATENCIÓN: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el impuesto español de sucesiones ¡¡COMPARTE!!

Add to Flipboard Magazine.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado en una sentencia que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España infringe la legislación al establecer una diferencia de trato entre los residentes y no residentes a la hora de aplicar las reducciones fiscales.

descarga-1024x683

El fallo responde a un recurso interpuesto contra España por la Comisión Europea, en marzo del año 2012, por establecer que algunos aspectos de la legislación estatal del impuesto de donaciones y sucesiones eran incompatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Uunión Europea en cuanto a la libre circulación de personas y de capitales. Además de ser incompatible también con el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. El Tribunal de Justicia acepta las alegaciones de España en los relativo a la libre circulación de personas, porque la CE no ha demostrado de qué manera puede afectar a dicha libertad, pero confirma que ésta “constituye una restricción de la libre circulación de capitales“.

El Ministerio de Hacienda ha indicado que están estudiando la sentencia y que es pronto para adelantar futuros actos. Tras la sentencia, Carlos Cruzado (presidente del sindicato de técnicos de Hacienda) ha revelado que el Ministerio tiene que tomar aún algunas decisiones para adaptar la legislación, ya que lo más razonable y lógico sería aprovechar para modificar la ley de sucesiones y donaciones. La competencia entre comunidades autónomas ha conllevado a que se creen diferencias abismales entre residentes de diferentes áreas. Una nueva regulación estatal tendría que borrar las discriminaciones.

En España, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto a nivel estatal, es decir, aplicable en todo el país (a excepción del País Vasco y de Navarra, que tienen su propio régimen fiscal). Sin embargo, este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, que pueden aprobar normas propias, que complementen o sustituyan a las estatales. Las normas de las CCAA sólo repercuten a los elementos de la liquidación del impuesto, posteriores a la determinación de la base imponible. La CE mantiene que las autonomías pueden establecer diversas reducciones fiscales, que se aplican únicamente en caso de conexión exclusiva con su territorio.Así, la sucesión o la donación en la que intervenga una persona no residente en España, o que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del país, no puede beneficiarse de esas reducciones fiscales. Según la Comisión, esta diferencia de trato es contraria a la libre circulación de personas y de capitales.

Dado que todas las CCAA han ejercido su control al respecto, la CE mantiene que la carga fiscal soportada por el contribuyente residente en ellas es menor a la impuesta por la legislación estatal. Esta solo se aplica en los supuestos de obligación real de contribuir y en los casos en que las CCAA no tengan o no hayan ejercido sus competencias.

Según la Comisión, la discriminación se produce cuando el fallecido o donante, el heredero o donatario no sean residentes en España, y cuando se trate de donaciones en las que los bienes inmuebles objeto de transmisión estén situados en el extranjero, con independencia del lugar de residencia del sujeto pasivo.

El Tribunal de la UE explica que, al no poder disfrutar de los beneficios fiscales, el valor de esa sucesión o esa donación será menor y constituye una restricción de la libre circulación de capitales.
También se consideran medidas prohibidas las que pueden evitar a los extranjeros a no hacer inversiones en un Estado miembro o de mantener tales inversiones, por ser también contrarias a la libre circulación de capitales.Para ser aceptada, la diferencia de trato debe afectar a situaciones que no sean objetivamente comparables o estar justificada por razones imperiosas de interés general. En el caso de España, la Corte considera que no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, toda diferencia de trato relativa a las reducciones dará lugar a una discriminación.El tribunal no acepta los argumentos de España relativos a la persecución del objetivo legítimo de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal dentro del Espacio Económico Europeo, porque no se ha demostrado cómo el hecho de que no haya un acuerdo de asistencia mutua en ese sentido podría justificar la legislación atacada por la CE.

Fuente: www.rtve.es

Comentarios

Comentarios

Compartir en FacebookCOMPARTIR EN FACEBOOK Compartir por whatsappCOMPARTIR POR WHATSAPP

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *